BUENOS AIRES.- La reforma de la Ley de Glaciares aprobada recientemente en la Cámara de Diputados desató una fuerte reacción social y judicial. En pocas horas, una demanda colectiva impulsada por organizaciones ambientales logró reunir más de 800 mil adhesiones, consolidándose como una de las mayores movilizaciones ciudadanas en defensa del agua en la historia del país.

La iniciativa fue promovida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, quienes cuestionan la modificación normativa por considerarla un “retroceso” en la protección de reservas estratégicas de agua dulce. Según indicaron, la reforma fue aprobada sin contemplar el rechazo de amplios sectores de la sociedad.

Desde las organizaciones aseguraron que la respuesta ciudadana superó todas las expectativas: en menos de 12 horas se habían registrado más de 300 mil adhesiones, cifra que rápidamente se duplicó hasta alcanzar las actuales 800 mil firmas. “Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron, anticipando una nueva etapa de judicialización del conflicto.

El reclamo apunta a frenar la aplicación de la ley y reabrir el debate sobre la protección de los glaciares, considerados reservas clave para el abastecimiento de agua en todo el territorio nacional. En ese marco, remarcaron que la adhesión a la demanda no implica obligaciones legales, sino que busca fortalecer el respaldo social a la presentación judicial.

OTRA OFENSIVA JUDICIAL DESDE LAS PROVINCIAS

En paralelo, el Gobierno de La Pampa avanzó con un amparo colectivo ambiental ante la Justicia federal, que ya reunió otras 500 mil adhesiones. La presentación, realizada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, solicita la suspensión inmediata de la reforma hasta que se determine su constitucionalidad.

Desde ese espacio advirtieron que los cambios en la ley podrían afectar directamente al río Colorado y al acceso al agua potable. Además, cuestionaron que la nueva normativa podría alterar las prioridades en el uso del recurso, relegando el consumo humano frente a intereses económicos vinculados a la actividad minera.

El escenario, lejos de cerrarse, abre un nuevo capítulo de conflicto donde la discusión por los glaciares se traslada ahora al ámbito judicial, con fuerte respaldo ciudadano y creciente tensión entre organizaciones, provincias y el gobierno nacional.