La noticia se había conocido días atrás, pero hasta el momento no habían trascendido los nombres de los involucrados. Se trata del Comisario Ramón Isidro Barrios y el hecho se registro cuando los detenidos, mediante un llamado telefónico manifestaron intenciones de comprarle una vivienda y, mediante engaño, obtuvieron los datos de la cuenta bancaria del ex policía. 

El comisario mayor Ramón Isidro Barrios se radicó en la provincia de Corrientes luego de su retiro de las filas en Tierra del Fuego, y desde allí publicó un aviso clasificado  para intentar vender su casa de Río Grande, en la suma de 5 millones de pesos. 

Al poco tiempo recibió el llamado de un sujeto que manifestó interés en adquirir el inmueble.  Este sujeto acordó el pago de una seña de 150 mil pesos. En acuerdo de partes parecía una operación inmobiliaria normal, Barrios le proporcionó a su interlocutor el CBU (Clave Bancaria Uniforme) y la denominación del banco, para que éste pudiera transferirle el monto establecido para reservar la propiedad. Ambos se despidieron amablemente y cortaron la comunicación, sin embargo, cinco minutos después los embaucadores comenzarían a ejecutar la parte más audaz del plan. 

En el nuevo llamado los sujetos manifestaron: “Mire, recién le transferí a su cuenta 150 mil pesos pero por ser un monto elevado el banco no me permite concretar la operación directamente así que lo va a llamar un agente del Banco Tierra del Fuego para darle las instrucciones de cómo proceder, porque la operación está en proceso…”, le habría dicho el falso comprador a Barrios en un nuevo contacto telefónico. 

Efectivamente un rato más tarde el policía volvió a recibir una llamada, desde otro número de línea, de una persona que se presentó como empleado del banco. “Señor Barrios, acá hay una persona que está queriendo transferirle la suma de 150 mil pesos y como el trámite está en pleno proceso usted va a tener que ir ahora a un cajero automático, pero tiene que hacerlo cuanto antes. Nosotros le vamos a dar instrucciones sobre cómo proceder para destrabar la transferencia y que usted pueda ver en su cuenta impactada la operación”, le manifestó – palabras más, palabras menos – una voz masculina. 

Una vez en el cajero, el oficial retirado volvió a recibir una llamada del sujeto que se hacía pasar por empleado bancario quien le dio una serie de instrucciones confusas que culminaban una y otra vez en un supuesto resultado fallido. Entonces el malviviente jugó su carta más arriesgada: le pidió a su víctima que le suministrara el usuario y la contraseña de su cuenta de homebanking “para que intente yo desde el banco hacerlo de manera remota”. 

Con la valiosa información, el sujeto cortó abruptamente la comunicación. Momentos más tarde los presos gestionaron un crédito instantáneo destinado a empleados públicos, por alrededor 150 mil pesos, suma que rápidamente transfirieron a dos cuentas bancarias de Ushuaia y a una tercera, de Río Grande. 

LA INVESTIGACIÓN: 

Ni bien se percató de que había sido estafado, Ramón Barrios se radicó la denuncia en Corrientes, y paralelamente llamó a la Policía de Tierra del Fuego.

Sin pérdida de tiempo se inició una investigación que estuvo a cargo de la División Delitos Complejos, quienes tomaron contacto con autoridades del Banco Tierra del Fuego para anoticiarlos de lo sucedido. Además dispusieron de efectivos vestidos de “civil” que se apostaron en la sucursal del BTF y lograron interceptar a la madre de uno de los presos involucrados, identificada como Marcela Beatríz Lebón, de 50 años de edad, en momentos en que intentaba extraer 140 mil pesos.

Seguidamente, se realizaron allanamientos en la Alcaidía de Ushuaia, ubicada en Deloqui y Lasserre, de donde secuestraron teléfonos celulares que estaban en poder de los internos Cristian Fuentes, otro de apellido Varela y Nicolás Aguilar, siendo éste último trasladado a la Penitenciaría N° 1 de Río Grande.

Se encuentra al frente del caso el titular del Juzgado de Instrucción Nro 1 del Distrito Judicial Sur, el juez Ignacio De Gamas Soler, quien además de la detención de los dos civiles dispuso el allanamiento de los calabozos de la Alcaidía, de dos domicilios particulares en la capital fueguina y de una vivienda en Río Grande. 

Con información de Diario Prensa