La decisión del juez Recaey dispone que el poder ejecutivo de su país debe detener, de manera inmediata y por un tiempo indefinido, la aplicación de vacunas contra el coronavirus en poblaciones pertenecientes al grupo etario de los menores de 13 años, ordenando a su vez una serie de medidas entre las que se cuenta la presentación de las respectivas facturas o documentos en los que se acredite la compra de los medicamentos dispuestos en el país para la inmunización de los niños, así como la obligación de una inoculación informada a los jóvenes que acceden a dicha vacuna.

De acuerdo con la sentencia del juez Alejandro Recaey, los representantes del Ministerio de Salud y el poder ejecutivo en general tendrán un plazo de hasta 72 horas para presentar la correspondiente apelación al fallo que dispuso el congelamiento ‘inmediato’ de todas aquellas vacunas que no son parte de las consideradas ‘obligatorias’.

Sobre la exigencia del juez a las autoridades de Uruguay de presentar los contratos de compra de las vacunas, estas se refieren a los medicamentos dispuestos y aprobados por los entes rectores y reguladores para la vacunación de los menores de 13 años, lo que traduce en las adquisiciones pactadas con laboratorios como AstraZeneca, Pfizer y Sinovac.

En cuanto a la vacunación informada, se refiere a que los pacientes, menores de 13 años, deberán contar con la información completa sobre los medicamentos a ser inyectados, antes de que se realice la inoculación, en una disposición que también prevé que los niños y sus representantes legales sean informados sobre las eventuales consecuencias adversas de la vacunación. En ese sentido, la vacunación informada también debe comprender la explicación sobre las sustancias a aplicar, en términos de componentes, así como los efectos positivos y negativos que actualmente han sido informados o evidenciados en el proceso de vacunación.

Según reza la providencia judicial, solo una vez cumplidas estas disposiciones o solicitudes, el poder ejecutivo puede solicitar oficialmente el visto bueno para la reanudación del proceso de vacunación en el referido grupo etario.

En ese sentido, y sujeto a la revisión del cumplimiento de las medidas, la reanudación del proceso también sería inmediato.

En respuesta a la providencia del organismo legal, el Ministerio de Salud también se pronunció para anunciar que acatará la medida, aclarando que, a partir de este jueves, se suspende el plan de vacunación para menores de 13 años, advirtiendo que los biológicos dispuestos para dicho proceso, solamente volverán a estar activos hasta recibir la luz verde de parte de las autoridades legales.

En ese sentido, el Ministerio de Salud también aclaró que las decisiones que dieron pie a la luz verde de la vacunación de menores de 13 años, estuvo fundamentado en el estudio y la evidencia científica, que permitieron dar la luz verde al proceso, advirtiendo que ese era idóneo y no representaba mayores riesgos para la población comprendida en el grupo etario.

“A partir de hoy las vacunas para esta población dejarán de estar disponibles hasta nueva disposición. El plan nacional de vacunación contra el covid-19 continuará en marcha y podrán recibir la vacuna los mayores de 13 años”, reza el comunicado expedido este jueves por el Ministerio de Salud de Uruguay.

En ese mismo sentido, las autoridades sanitarias de Uruguay apuntaron a reiterar la “importancia de mantener los cuidados no farmacológicos, especialmente en las poblaciones que no hayan recibido las vacunas o que no hayan completado su estatus vacunal”.

Uruguay comenzó la aplicación, no obligatoria, de la vacuna anticovid para menores de 13 años en junio de 2021, convirtiéndose en el primer país de Latinoamérica en hacerlo, al disponer un plan especial para los menores comprendidos entre 12 y 17 años.