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Malversación de fondos: La Justicia cerró la causa que investigaba a 4 concejales de Tolhuin
Se trata de los ediles Marcelo Muñoz, Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Norberto Dávila habían sido imputados por presunta malversación de fondos en el Concejo Deliberante de Tolhuin. El abogado defensor confirmó que el juez de la causa, el Doctor Pellegrino, desestimó el requerimiento fiscal después de realizar una serie de investigaciones que referían a si había actividades que podían ser consideradas delictivas y la verdad es que concluyó que no”, comunicó el letrado.
El abogado penalista Raúl Paderne, quien ofició de defensor de los concejales imputados en una causa por malversación de fondos, confirmó que el doctor Pellegrino, juez de la causa “desestimó el requerimiento fiscal después de realizar una serie de investigaciones que referían a si había actividades que podían ser consideradas delictuales”.
El juez concluyó que los ediles no incurrieron en actividades ilícitas. Se basó en un informe del Tribunal de Cuentas que ya había sido emitido con anterioridad a la denuncia y la resolución judicial ha quedado firme porque la Fiscalía no la apeló, según explicó Paderne.
“Entiendo, más allá de mi función de defensor, que no hubo siquiera una sospecha sostenible de una actividad ilícita. Podés pensar que administrativamente hubo incumplimientos, desprolijidades, pero bajo ningún punto de vista hubo una actividad delictual ni siquiera posible”, evaluó.
Cabe recordar que los ediles Marcelo Muñoz, Jeannette Alderete, Rosana Taberna y Norberto Dávila habían sido imputados por presunta malversación de fondos en el Concejo Deliberante de Tolhuin.
“Los gastos respondían a gastos administrativos, a resoluciones del Concejo Deliberante, que eran ya de tiempo, y ninguno se apartaba de lo que decía estas resoluciones, ni se realizaban actividades que no fueran coherentes con ella”, sostuvo Paderne.
Para el abogado se trató de un enojo de alguien que participaba en aquel momento de la Secretaría pertinente. “Fue una cuestión de un enojo respecto de una situación laboral que no se sostuvo y que aparte era una cuestión política sostenerlo o no, no es que era una cuestión de cumplimiento administrativo o de derechos vulnerados. Fue simplemente decir, imputar sin justificación legal”, expresó.
Por otra parte, señaló que no se tomó declaración indagatoria a ninguno de los imputados porque directamente se desestimó el requerimiento. “El fiscal pide investigar, el juez cumple con la investigación que requiere el fiscal y determina que no hay causa penal”, indicó y remarcó que “la Fiscalía resolvió no apelar”.
Finalmente, enfatizó que este tema “como causa penal está absolutamente terminado”.