El Gobierno de Javier Milei oficializó una medida que marca el principio del fin del subrégimen industrial de Tierra del Fuego. A través del Decreto 252/2026, la administración nacional extendió al resto del país beneficios fiscales y aduaneros que hasta ahora eran exclusivos de la provincia, eliminando así una ventaja clave para la producción fueguina.

La decisión entrará en vigencia el próximo 17 de junio y representa un golpe directo al esquema de promoción industrial que durante décadas permitió sostener fábricas, empleo y actividad económica en la isla.

Hasta ahora, las empresas radicadas en Tierra del Fuego podían importar insumos sin pagar aranceles ni impuestos internos, una herramienta central del régimen de promoción industrial contemplado en la Ley 19.640, creada para compensar los altos costos logísticos y operativos de producir en una provincia insular.

Con el nuevo decreto, las fábricas instaladas en el continente accederán a los mismos beneficios fiscales, lo que elimina el diferencial competitivo que justificaba la radicación industrial en Tierra del Fuego.

Sin esa ventaja, producir en la provincia deja de ser rentable frente a otras regiones del país.

Las empresas podrán operar en el continente con igual alivio fiscal, menores costos logísticos y mayor cercanía a los grandes centros de consumo, dejando a Tierra del Fuego en clara desventaja.

La consecuencia más inmediata será sobre el empleo. Miles de puestos de trabajo vinculados a la industria quedan en riesgo, en una provincia donde la actividad fabril es uno de los pilares de la economía.

En ciudades como Río Grande y Ushuaia, el subrégimen industrial sostiene no solo el trabajo en las plantas, sino también la actividad comercial, los servicios y gran parte del movimiento económico local. La pérdida de competitividad abre un escenario de fuerte incertidumbre para toda la provincia.

Pero el impacto no será solamente económico. El subrégimen fueguino fue creado como una herramienta estratégica para garantizar desarrollo, poblamiento y soberanía en el extremo sur del país.

Al quitarle exclusividad a esos beneficios, el Estado nacional desarma uno de los instrumentos más importantes para sostener presencia productiva y poblacional en una zona clave para la Argentina.

Por eso, en Tierra del Fuego la medida ya es leída como el desmantelamiento del régimen industrial que sostuvo durante más de medio siglo el desarrollo de la provincia.

Con un solo decreto, el Gobierno nacional modificó las reglas que daban sustento a la industria fueguina, afectando el esquema sobre el cual se construyó gran parte de la economía provincial.

Para Tierra del Fuego, la firma de Milei no es una reforma más: es el decreto que pone fin al subrégimen industrial fueguino.