El Gobierno nacional presentó en el Senado un nuevo proyecto de ley sobre discapacidad que generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones y referentes del sector, quienes advierten que la iniciativa recorta derechos, endurece requisitos y reduce prestaciones para las personas con discapacidad.

Uno de los cambios más cuestionados es que obliga a todas las personas que reciben pensiones por invalidez a realizar un nuevo reempadronamiento, y quienes no completen ese trámite dentro de los plazos establecidos podrían perder automáticamente el beneficio.

Además, el proyecto elimina normas que garantizaban prestaciones iguales para todos los beneficiarios y permite que cada obra social o prepaga negocie por separado las coberturas, lo que podría generar desigualdades en la atención.

Otro punto polémico es que la pensión sería incompatible con tener un trabajo formal, por lo que una persona con discapacidad que consiga empleo registrado podría perder el beneficio.

Desde distintas organizaciones advirtieron que la propuesta “quita derechos y rompe la universalidad del sistema”, ya que afectaría especialmente a quienes tienen menos recursos y dependen de la cobertura estatal para acceder a tratamientos, medicamentos y asistencia.

El proyecto aún debe ser debatido en el Congreso, pero ya despertó preocupación en todo el país por el posible impacto sobre miles de personas con discapacidad y sus familias.