USHUAIA.– En un escenario marcado por la disputa entre el Gobierno provincial y los municipios por el envío de recursos, la Legislatura de Tierra del Fuego avanzó con el proyecto de Ley de goteo diario, impulsado por el legislador Juan Carlos Pino, que propone establecer transferencias automáticas y diarias de fondos para terminar con las demoras que vienen generando fuertes reclamos en distintas ciudades de la provincia.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Economía y será debatida el próximo 30 de abril, en una sesión que podría marcar un cambio importante en la relación financiera entre la Provincia y los municipios.

El proyecto busca implementar un sistema automático para distribuir recursos coparticipables a medida que ingresa la recaudación provincial, replicando el mecanismo utilizado a nivel nacional. De esta manera, cada municipio recibiría diariamente los fondos que le corresponden, evitando retrasos que hoy afectan la planificación y el funcionamiento de las administraciones locales.

La propuesta surge en medio de una fuerte disputa política y financiera. Desde los municipios vienen denunciando demoras en el envío de fondos por parte del Gobierno provincial, situación que aseguran perjudica el pago de salarios, la prestación de servicios y la ejecución de obras.

Según se indicó, Ushuaia reclama una deuda cercana a los 13 mil millones de pesos, mientras que Río Grande también mantiene reclamos por montos similares. A esto se suman deudas con organismos como la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), lo que ha profundizado el conflicto entre las distintas administraciones.

En ese marco, la ley impulsada por Pino busca poner reglas claras en la distribución de fondos, garantizando que los recursos lleguen en tiempo y forma, sin depender de decisiones administrativas que hoy generan incertidumbre y tensiones entre los municipios y la Provincia.

El esquema prevé que sea el Banco de Tierra del Fuego quien realice las transferencias automáticas diarias, alcanzando no solo a los municipios, sino también a organismos como la OSEF, la Caja de Previsión, el Poder Judicial, la Legislatura y la Fiscalía de Estado.

La discusión legislativa deja en evidencia una disputa que se viene profundizando: por un lado, los municipios reclaman previsibilidad y autonomía financiera para garantizar su funcionamiento; por el otro, el Gobierno provincial conserva el control administrativo de los recursos, lo que ha sido motivo de reiteradas críticas por parte de intendentes y funcionarios municipales.

Con este proyecto, Pino pone en agenda una herramienta que busca ordenar el flujo de fondos y reducir la tensión entre los distintos niveles del Estado, en un momento donde la pelea por los recursos se convirtió en uno de los principales focos de conflicto político en Tierra del Fuego.