La liberación de un hombre detenido por agredir a su pareja volvió a encender las alarmas en Río Grande y reabrió el debate sobre la respuesta judicial ante casos de violencia de género, especialmente cuando los acusados cuentan con antecedentes graves.

El episodio ocurrió el sábado por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Facundo Quiroga al 2100, donde efectivos policiales intervinieron tras una denuncia por violencia intrafamiliar. En el lugar fue aprehendido Facundo Daniel Morales, de 38 años, acusado de haber agredido físicamente a su pareja, una mujer de 36.

De acuerdo con la información oficial, la víctima presentaba lesiones en uno de sus brazos y se constataron daños materiales dentro del domicilio. Aunque en un primer momento la mujer no impulsó la acción penal, luego manifestó su decisión de avanzar con la denuncia.

La Fiscalía intervino de inmediato, calificó el hecho como flagrante delito y dispuso la detención de Morales bajo la carátula de “lesiones y daños”, convocando a una audiencia ese mismo día. Sin embargo, tras las actuaciones judiciales, el imputado fue excarcelado.

La decisión generó fuerte preocupación debido al prontuario del acusado, quien acumula varias denuncias previas por episodios de violencia de género y cuenta además con un antecedente penal de extrema gravedad.

Morales fue condenado por el homicidio de Isolina Zumelzu de Cofré, ocurrido en junio de 2005 en la localidad de Villa La Angostura. En ese entonces tenía 17 años y fue juzgado como menor. La Justicia determinó que había golpeado y estrangulado a la víctima en el marco de una disputa económica, por lo que recibió una pena de cinco años de prisión.

La reciente excarcelación, pese a ese historial, generó preocupación en distintos sectores y volvió a poner en discusión la eficacia de las medidas judiciales frente a casos de reincidencia, así como la capacidad del sistema para garantizar protección real a las víctimas de violencia de género.

El caso reabre una vez más un debate sensible y urgente: cómo prevenir nuevos hechos cuando existen antecedentes alarmantes y denuncias reiteradas, en un contexto donde muchas víctimas continúan expuestas a situaciones de alto riesgo.