En medio de una creciente tensión institucional en Tierra del Fuego, el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego ratificó este lunes su plena potestad constitucional para intervenir en la selección y designación de jueces, y exigió al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego que avance con la toma de juramento de la doctora María Elena Guerrero como jueza del Juzgado de Minoridad y Familia Nº 1 de Ushuaia.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una reunión encabezada por la jueza Edith Miriam Cristiano, presidenta del Consejo, junto a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y abogados de ambas ciudades de la provincia.

El organismo ratificó en todos sus términos la acordada 674/25 y pidió la derogación de la acordada 24/26 emitida por el Superior Tribunal, mediante la cual se intentó dejar sin efecto la designación de Guerrero.

Además, los consejeros emplazaron al máximo tribunal provincial a que, en un plazo de cinco días, proceda a tomar juramento a la magistrada y formalice su incorporación al juzgado de Familia del Distrito Judicial Sur.

Durante el encuentro, los integrantes del Consejo sostuvieron que las atribuciones del organismo surgen de manera clara de la Constitución provincial y remarcaron que existen antecedentes y fallos del propio Superior Tribunal que reconocen esas facultades.

La resolución también expuso diferencias internas dentro del máximo órgano judicial fueguino. La postura del Consejo fue impulsada por Edith Cristiano, quien además integra el Superior Tribunal de Justicia, marcando así una fuerte diferencia con los jueces Javier Muchnik, Gonzalo Sagastume y María del Carmen Battaini, firmantes de la acordada cuestionada.

El pronunciamiento representa un fuerte respaldo institucional a la designación de María Elena Guerrero y profundiza el conflicto abierto entre el Consejo de la Magistratura y parte de la conducción del Poder Judicial fueguino.