Tres internos detenidos por una causa vinculada a una agresión con arma blanca en la Margen Sur fueron víctimas de una violenta golpiza dentro de la Unidad de Detención Nº1 de Río Grande y debieron ser hospitalizados por las graves lesiones sufridas.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18 años. Los tres habían sido arrestados días atrás acusados de participar en un ataque relacionado con un presunto ajuste de cuentas por el robo de una bicicleta.

Tras ser indagados y quedar detenidos, el pasado 9 de mayo fueron trasladados al pabellón B de la unidad penitenciaria de Río Grande. Sin embargo, pocas horas después habrían sido atacados por un grupo de reclusos que irrumpió en la celda donde se encontraban alojados.

Como consecuencia de la brutal agresión, los tres sufrieron fracturas de maxilar, lesiones en el tabique nasal y múltiples traumatismos, por lo que debieron recibir asistencia médica urgente.

Familiares de los detenidos aseguraron que habían advertido previamente sobre el peligro que implicaba alojarlos en ese pabellón debido a conflictos de vieja data con allegados de otros internos. No obstante, desde el Servicio Penitenciario señalaron que los detenidos firmaron su conformidad para permanecer en ese sector.

Luego del ataque, y ante el riesgo para su integridad física, los tres internos fueron trasladados a dependencias penitenciarias de Ushuaia, donde permanecen alojados fuera de peligro.

Aunque las víctimas se negaron a identificar a los agresores, la Justicia inició de oficio una causa por “lesiones graves”, con intervención de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción N.º 3.

En paralelo, familiares de los Burgoa denunciaron judicialmente a las autoridades penitenciarias por una presunta inacción frente a un riesgo que, según sostienen, ya había sido advertido.

Mientras avanza la investigación, la Justicia solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de la unidad carcelaria para intentar identificar a los responsables y determinar si existió algún grado de responsabilidad por parte del personal penitenciario.