judiciales en Río GRANDE
Castelli afirmó que el Consejo de la Magistratura tiene la potestad para elegir jueces y cuestionó la decisión del STJ
El representante de los abogados en el Consejo sostuvo que el Superior Tribunal realizó una revisión que excede sus atribuciones y advirtió sobre el impacto institucional del fallo que frenó la designación de María Elena Guerrero.
La tensión institucional entre el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego y el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego sumó este miércoles nuevas críticas luego de que el consejero Marcelo Castelli cuestionara públicamente la decisión del máximo tribunal provincial de no avanzar con la designación de la doctora María Elena Guerrero como jueza.
Castelli, representante del Colegio Público de Abogados dentro del Consejo de la Magistratura, sostuvo que el STJ “se equivocó” al realizar una evaluación propia de los postulantes y afirmó que la Constitución provincial asigna al Consejo la facultad específica de seleccionar magistrados.
“El que selecciona es el Consejo de la Magistratura”, remarcó el abogado durante declaraciones radiales, donde además señaló que el Superior Tribunal avanzó sobre competencias que, según interpretó, no le corresponden.
El planteo surge luego de la acordada mediante la cual el STJ rechazó avanzar con la designación de Guerrero, pese a que había sido elegida por amplia mayoría dentro del organismo encargado de los concursos judiciales.
Según explicó Castelli, seis de los siete integrantes del Consejo votaron a favor de la candidata y consideraron que reunía las mejores condiciones para ocupar el cargo.
El consejero sostuvo además que el Superior Tribunal realizó un “reexamen” de antecedentes, perfiles y evaluaciones técnicas que ya habían sido analizadas durante el proceso de selección llevado adelante por el Consejo de la Magistratura.
En ese sentido, recordó que el organismo cuenta con entrevistas, exámenes y mecanismos específicos destinados a determinar la idoneidad de los postulantes.
Castelli advirtió también sobre el impacto institucional que puede generar el fallo y señaló que este tipo de decisiones podrían afectar la participación de abogados independientes en futuros concursos judiciales.
Finalmente, expresó la expectativa de que el Superior Tribunal revise la decisión en los próximos días para evitar que el conflicto institucional continúe profundizándose.