El próximo 18 de mayo comenzará en Ushuaia el juicio oral y público contra dirigentes vinculados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), investigados por presuntas estafas relacionadas con adjudicaciones de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

Entre los acusados se encuentran el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y Miguel Ángel Arana, quien se desempeñaba en el área de Vivienda del sindicato. Según la investigación judicial, varias personas habrían entregado importantes sumas de dinero con la expectativa de acceder a una vivienda mediante supuestas gestiones vinculadas a planes habitacionales.

De acuerdo a la acusación fiscal, Arana habría recibido dinero bajo distintos conceptos relacionados con trámites y adjudicaciones, mientras que la Justicia también atribuye responsabilidades a Córdoba por presuntas intervenciones y gestiones administrativas ligadas a los hechos investigados.

La causa reúne 22 hechos denunciados antes de 2018. Los informes incorporados al expediente estiman que el perjuicio económico supera los 8 millones de pesos y unos 52 mil dólares.

Además, el juicio incluirá la situación procesal de Erik Enrique Moscoso Panozo, imputado por presunto lavado de activos. La investigación sostiene que parte del dinero obtenido habría sido utilizado para inversiones vinculadas a maquinaria vial.

El proceso avanzará luego de que el Tribunal rechazara distintos planteos de las defensas, por lo que los imputados deberán comparecer en el debate oral. El IPV participará como querellante durante el desarrollo de las audiencias.