política
Gobierno vetó la ley de goteo diario y advirtió que “pone en riesgo servicios básicos”
Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que la norma es “inviable” desde el punto de vista económico y operativo. También defendieron el veto a la derogación de la reforma constitucional.
USHUAIA.– El Gobierno de Tierra del Fuego defendió este viernes los vetos firmados por el Ejecutivo provincial, entre ellos el rechazo a la ley que impulsaba un mecanismo de goteo diario de coparticipación hacia los municipios, iniciativa que fue cuestionada por el gabinete provincial por considerarla imposible de aplicar.
El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, aseguró que la norma “es inviable desde todo punto de vista” y advirtió que su implementación podría afectar el funcionamiento financiero del Estado provincial.
“No solo es imposible de cumplir desde el punto de vista económico, sino también desde lo administrativo y operativo, porque diariamente no se puede determinar qué parte de los fondos enviados por Nación corresponde transferir a los municipios”, explicó el funcionario.
Además, Barrozo remarcó que la decisión del Ejecutivo “no es contra los municipios”, sino que responde a limitaciones técnicas e institucionales que, según afirmó, ya quedaron evidenciadas en experiencias anteriores dentro de la provincia.
Por otro lado, el jefe de Gabinete, Jorge Canals, también defendió el veto a la ley que buscaba dejar sin efecto el proceso de reforma constitucional y sostuvo que la medida aprobada por la Legislatura “es inconstitucional desde su tratamiento”.
Según indicó, la convocatoria a una reforma constitucional “no es una ley común”, sino el inicio de un proceso institucional superior vinculado a derechos constitucionales y participación ciudadana.
“No se puede quitar el derecho de los vecinos a elegir o ser elegidos”, expresó Canals, quien además afirmó que el proceso impulsado por el Ejecutivo “se desarrolló dentro del marco legal y constitucional vigente”.
Desde el Gobierno señalaron que ambos vetos buscan preservar “la institucionalidad, el funcionamiento del Estado y la seguridad jurídica” frente a normas que consideran incompatibles con el actual esquema constitucional y financiero de la provincia.