El gobierno de Javier Milei firmó una alianza militar con Estados Unidos que autoriza tareas de vigilancia y monitoreo en el Atlántico Sur, una decisión que despertó fuertes cuestionamientos por el avance de una potencia extranjera sobre recursos y territorios estratégicos argentinos.

El convenio, denominado “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales”, fue rubricado entre el Contraalmirante Carlos Sardiello, del Comando Sur de Estados Unidos, y el Almirante Juan Carlos Romay, en representación de la Armada Argentina.

El acuerdo contempla la incorporación de equipamiento especializado y sistemas de vigilancia aérea y marítima sobre la Zona Económica Exclusiva argentina, además de entrenamiento operativo y apoyo militar estadounidense durante un período de cinco años.

La polémica gira en torno a un punto central: el mar argentino, considerado un área estratégica por sus recursos naturales, pesca, rutas comerciales y cercanía con la Antártida, quedará bajo monitoreo y control operativo de una potencia extranjera.

Desde distintos sectores políticos advirtieron que el convenio implica una nueva cesión de soberanía y cuestionaron que el anuncio haya sido realizado por la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur norteamericano, sin comunicación oficial de la Cancillería argentina.

El Atlántico Sur es una de las regiones geopolíticas más sensibles para Argentina. Allí convergen intereses vinculados a la explotación de recursos marítimos, el control del paso bioceánico y la proyección antártica. Con este nuevo esquema, Estados Unidos ampliará su presencia militar y estratégica en aguas argentinas bajo el argumento de combatir amenazas marítimas y proteger “bienes comunes globales”.