La justicia ordenó un peritaje sobre el sistema SUNA tras el hábeas data impulsado por SUTEF
La información fue confirmada en exclusiva por el secretario general de SUTEF, Horacio Catena, durante una entrevista con el programa La ContraTAPA, por FM Líder.
La Justicia provincial resolvió avanzar con un peritaje informático sobre el Sistema Único de Novedades de Agentes (SUNA), la plataforma implementada por el Gobierno de Tierra del Fuego para la gestión de novedades del personal docente. La información fue confirmada en exclusiva por el secretario general de SUTEF, Horacio Catena, durante una entrevista con el programa La ContraTAPA, por FM Líder.
Según explicó el dirigente sindical, la medida judicial se enmarca en el hábeas data presentado por el gremio, mediante el cual solicitan que se determine si el sistema cumple con la legislación vigente en materia de protección de datos personales y si garantiza la privacidad de la información de los trabajadores de la educación.
Catena sostuvo que el objetivo del peritaje será establecer qué información recopila el SUNA, cómo es almacenada, quiénes tienen acceso a esos datos y cuáles son las condiciones de seguridad del sistema.
El titular de SUTEF reiteró que el sindicato considera que el SUNA vulnera la privacidad de los docentes, ya que requiere la carga de información que califican como sensible y, según denunciaron, podría permitir la identificación de trabajadores por su actividad gremial o generar un tratamiento indebido de datos personales. Además, advirtió que el gremio detectó presuntas vulnerabilidades que podrían comprometer la confidencialidad de la información.
Cabe recordar que el sindicato presentó el hábeas data en 2025 solicitando, entre otras medidas, la suspensión del sistema hasta que el Gobierno acreditara el cumplimiento de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales y demostrara la existencia de mecanismos adecuados para resguardar los datos de los agentes estatales.
Durante la entrevista con La ContraTAPA, Catena calificó como “muy importante” la decisión judicial de ordenar un peritaje, al considerar que permitirá determinar técnicamente si el sistema respeta las garantías constitucionales vinculadas a la protección de datos personales y al derecho a la privacidad.