La Defensoría Pública Federal puso la mira sobre los reiterados cortes de gas natural que afectan a vecinos de Tolhuin y comenzó a reunir información para evaluar una demanda colectiva contra Camuzzi Gas del Sur. La intervención se produce luego de que unas 150 familias quedaran sin suministro en plena temporada invernal.

El defensor público coadyuvante, Agustín Ciolfi, quien actualmente está a cargo de la Defensoría durante la licencia del titular José Bongiovanni, explicó que la actuación se inició tras una reunión con el intendente Daniel Harrington y funcionarios municipales, quienes manifestaron su preocupación por la situación que atraviesan numerosos hogares de la ciudad.

"Desde fines de mayo se registran alrededor de 150 cortes del servicio de gas. Muchos de los afectados pertenecen a sectores vulnerables, con adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos, menores de edad y familias de bajos recursos", señaló.

Ciolfi recordó que el acceso al gas natural constituye un servicio esencial, especialmente en Tierra del Fuego, donde las bajas temperaturas pueden poner en riesgo la salud de las personas. En ese sentido, mencionó el fallo CEPIS de la Corte Suprema, que establece que las tarifas de los servicios públicos deben ser compatibles con la capacidad económica de los usuarios. 

El acceso al gas natural constituye un derecho estrechamente vinculado con la salud y con condiciones de vida dignas, especialmente en una provincia con temperaturas extremas durante el invierno. “Cuando hablamos de servicios públicos existe un principio de asequibilidad, fijado por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016, que establece que las tarifas deben guardar relación con la capacidad de pago de los usuarios. No se puede desvincular la realidad económica y social de las familias del acceso a un servicio esencial”, afirmó el funcionario. 

Durante recorridas realizadas junto al área de Desarrollo Social del Municipio, la Defensoría detectó situaciones críticas, entre ellas menores con problemas respiratorios por falta de calefacción, adultos mayores sin acceso al servicio y pacientes que atraviesan tratamientos médicos complejos.

Además, cuestionó los mecanismos de comunicación utilizados por la empresa prestataria. Según indicó, muchos usuarios solo fueron notificados mediante correo electrónico, mientras que otros no recibieron información clara sobre los motivos del corte, las posibilidades de regularizar la deuda o los planes de financiación disponibles.

Frente a este escenario, la Defensoría envió oficios tanto a Camuzzi Gas del Sur como al ENARGAS para conocer cómo se realizaron las notificaciones, qué medidas adoptó la empresa ante los cortes y cuál fue la actuación del organismo regulador.

Mientras espera esas respuestas, el organismo analiza avanzar con una acción de amparo acompañada por una medida cautelar que permita restablecer el servicio a las familias afectadas mientras la Justicia resuelve el fondo del conflicto.

No obstante, Ciolfi aclaró que antes de promover una demanda colectiva es necesario reunir la documentación que acredite la situación de cada uno de los usuarios perjudicados.

Asimismo, adelantó que la eventual presentación judicial podría incluir no solo a Camuzzi, sino también al ENARGAS, si se determina que existieron incumplimientos en sus tareas de control y fiscalización sobre la prestación del servicio.