En un fallo que vuelve a poner bajo la lupa el desempeño, la falta de rigor técnico y el aislamiento institucional del Poder Judicial de Tierra del Fuego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le dio un fuerte tirón de orejas a los jueces locales y dejó sin efecto una sentencia que acumulaba 23 años de prisión.

La causa, identificada bajo las siglas “S. S. M. A.”, involucra una condena por delitos contra la integridad sexual que había sido dictada en Río Grande y luego confirmada a libro cerrado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Sin embargo, la Corte nacional advirtió un error técnico irrefutable: los jueces fueguinos pasaron por alto las reglas sobre la prescripción del tiempo para juzgar un delito, obligando a anular el fallo y aplicar el criterio sentado en el precedente nacional “Ilarraz”.

Errores de un Poder Judicial distante de la realidad

La decisión nacional obligó al Superior Tribunal de la provincia a disponer la inmediata liberación del imputado mientras elabora a toda prisa una nueva sentencia. Como parche ante el error cometido, la justicia local debió fijar pautas de conducta y medidas de protección para las víctimas, que hoy sufren el impacto de un proceso salpicado por la inoperancia judicial.

El caso expone nuevamente el perfil de un Poder Judicial fueguino que arrastra severas críticas de la sociedad por su postura elitista, corporativa y alejada de la ciudadanía. La falta de apego al debido proceso no solo genera falsas expectativas en las víctimas, sino que deja al descubierto a un estamento de jueces con sueldos de privilegio que terminan cometiendo fallas de procedimiento básicas, ratificadas en la provincia hasta que un tribunal superior en Buenos Aires les debe marcar el error.

Ahora, acorralado por la resolución de la Corte Suprema, el Superior Tribunal de Tierra del Fuego deberá rever el expediente y dictar un nuevo fallo. Un episodio que confirma el descontento social hacia una justicia aislada de la comunidad, que falla en el fondo y en las formas, y cuyos errores los termina pagando toda la sociedad fueguina.