En la madrugada del sábado volvió a dejar una imagen que preocupa a toda la comunidad: una conductora de remis, que simplemente estaba trabajando, terminó herida después de ser atacada durante un viaje de remis desde el Hospital Regional Río Grande hacia la Margen Sur.

Según la información conocida, dos pasajeros se abalanzaron sobre la conductora, la amenazaron con una botella y, durante el forcejeo, le provocaron un corte en una de sus manos. Finalmente escaparon.

Entre los involucrados aparece nuevamente un nombre conocido en la crónica policial y judicial de Río Grande: Maximiliano Burgoa Zapata, de apenas 19 años.

Y es precisamente su recorrido reciente el que vuelve a poner en discusión una cuestión que la Justicia fueguina parece no poder resolver: la denominada “puerta giratoria”.

En febrero de este año, Burgoa Zapata había sido detenido junto a otros dos jóvenes por un robo ocurrido en la Margen Sur. En esa causa, la jueza Cecilia Cataldo había dispuesto la prisión preventiva de los tres imputados.

Pero los antecedentes no terminan allí.

En junio de 2025 había sido detenido junto a otras dos personas luego de una violenta agresión en la que un hombre terminó con heridas cortopunzantes. Días después, los tres fueron excarcelados.

Posteriormente, Burgoa Zapata volvió a quedar involucrado en el violento episodio ocurrido dentro de la Unidad de Detención de Río Grande, un hecho que derivó en una investigación judicial en la que la propia jueza Cataldo analiza la actuación del Servicio Penitenciario.

Y aquí aparece uno de los puntos más controvertidos: Después de recuperar la libertad, el joven volvió a protagonizar un incidente que terminó con una detención contravencional, mientras se encontraba bajo custodia policial.

Ahora vuelve a aparecer relacionado con un nuevo hecho de extrema gravedad: el ataque a una trabajadora de 61 años durante un viaje de remis.

El principio de inocencia y las garantías constitucionales son indiscutibles. Pero eso no significa que la sociedad deba permanecer en silencio frente a decisiones judiciales que generan interrogantes.

El cuestionamiento hacia la jueza Cecilia Cataldo no surge solamente de una resolución aislada. Porque una cosa es garantizar derechos y otra muy distinta es que el sistema termine convirtiéndose, en los hechos, en un mecanismo de entradas y salidas permanentes