El sistema penitenciario de Tierra del Fuego enfrenta un escenario que requiere nuevas respuestas: más personas privadas de la libertad, espacios insuficientes y una legislación nacional que, según las autoridades, no se adapta a las características de la provincia.

El director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares, advirtió que la población carcelaria registra un crecimiento sostenido del 20% anual, lo que obliga a buscar permanentemente nuevos espacios de alojamiento.

Actualmente hay 355 hombres y 11 mujeres privados de la libertad en las distintas jurisdicciones de la provincia, mientras que otras 25 personas cumplen medidas bajo monitoreo electrónico.

Para Ciares, el problema no se resuelve solamente incorporando camas o ampliando edificios. El sistema debe garantizar atención médica y psicológica, capacitación y herramientas que permitan la reinserción social una vez cumplida la condena.

UNA CÁRCEL NUEVA PARA UNA REALIDAD QUE CAMBIÓ

Frente al crecimiento de la población penitenciaria, el Gobierno analiza desde hace tiempo la construcción de una nueva unidad carcelaria.

Entre las alternativas estudiadas aparecen terrenos próximos al Parque Industrial de Ushuaia y un espacio cercano a la actual unidad, donde podría levantarse una denominada “cárcel espejo”.

Ciares sostuvo que contar con infraestructura adecuada resulta fundamental porque la sobrepoblación impacta directamente sobre la seguridad y dificulta el tratamiento de las personas privadas de la libertad.

UNA LEY PROPIA PARA TIERRA DEL FUEGO

Otro de los principales reclamos del funcionario es avanzar hacia una ley provincial de ejecución penal.

Actualmente, el Servicio Penitenciario debe aplicar la Ley Nacional 24.660, una normativa que, según Ciares, fue diseñada para una realidad penitenciaria y recursos diferentes a los existentes en Tierra del Fuego.

La propuesta apunta a contar con una legislación que contemple las características territoriales, sociales y penitenciarias de la provincia, incluyendo las particularidades de una población carcelaria relativamente pequeña pero con necesidades específicas.

En ese marco, también se trabaja sobre un proyecto para modificar la Ley Provincial 1313, especialmente en relación con determinados beneficios para personas privadas de la libertad que cumplen con las condiciones previstas.

EL DESAFÍO NO ES SOLO ENCERRAR

Ciares remarcó que la función penitenciaria no puede limitarse a impedir que una persona escape.

El objetivo, sostuvo, también debe ser garantizar tratamiento psicológico y médico, educación y herramientas para la reinserción, además de preservar los vínculos familiares.

El funcionario señaló que cerca del 60% de la población penitenciaria está vinculada a causas por delitos contra la integridad sexual, entre personas procesadas y condenadas.

Con una población que crece año tras año, el planteo oficial apunta a una cuestión de fondo: Tierra del Fuego necesita infraestructura penitenciaria acorde a su realidad y una legislación propia que permita administrar ese sistema sin depender exclusivamente de una normativa nacional pensada para otra escala y otro contexto.