La intervención nacional avanza con una contratación de $470 millones para limpieza y mantenimiento durante apenas seis meses. La empresa preadjudicada tiene vínculos empresariales con Buenos Aires y el expediente analizado no permite conocer con claridad qué estructura operativa acredita en Ushuaia.

Casi $500 millones y demasiadas preguntas

Hay momentos en los que un expediente administrativo deja de ser solamente un expediente.

La preadjudicación de la Licitación Pública Nº 09/2026 es uno de ellos.

La intervención federal del Puerto de Ushuaia recomendó contratar a Mercado de Soluciones S.A. por $470.418.960 para realizar la limpieza integral y el mantenimiento edilicio de la terminal.

El contrato será por seis meses.

La cuenta es sencilla: casi $80 millones mensuales, si se utiliza el período contractual únicamente como referencia para dimensionar el gasto.

Pero hay un dato todavía más contundente.

$329.257.200 están destinados solamente a limpieza integral.

Casi $330 millones para limpiar el puerto durante medio año.

¿Es caro? ¿Es barato? ¿Es razonable?

El expediente permitirá eventualmente responderlo.

Pero mientras tanto hay algo que sí puede afirmarse: el monto exige una explicación pública mucho más detallada que la simple existencia de una licitación.

No es una obra. No es una inversión. Es gasto operativo
La diferencia importa.

Los casi $471 millones no están destinados a construir infraestructura portuaria, comprar equipamiento o incorporar un activo que quede para el Estado.

Son recursos destinados a contratar servicios.

Una vez finalizado el contrato, el puerto seguirá necesitando limpieza y mantenimiento.

Por eso la pregunta económica es inevitable:

¿cuánto le costaría al puerto prestar esos servicios con estructura propia y cuánto representa la tercerización?

Si la tercerización genera un ahorro, debería poder demostrarse.

Si mejora sustancialmente el servicio, deberían existir indicadores que permitan comprobarlo.

Si es la única alternativa posible, debería explicarse por qué.

Porque en administración pública la eficiencia no debería ser un slogan.

Debería estar respaldada por números.

El dato político: una intervención que está de salida
El calendario agrega una cuota de preocupación.

La intervención nacional tiene previsto finalizar en enero.

Sin embargo, avanza ahora con un contrato de seis meses.

Esto significa que una administración transitoria está tomando decisiones que tendrán consecuencias durante el período posterior a su salida.

No implica que no tenga facultades para hacerlo.

Pero sí plantea una cuestión política ineludible:

¿con qué criterio una gestión excepcional compromete recursos y define un esquema de prestación que continuará cuando esa misma gestión ya no esté al frente del puerto?

Cuanto más cerca está el final de una intervención, mayor debería ser la prudencia.

Y cuando están en juego casi $500 millones, la prudencia debería venir acompañada de máxima publicidad y transparencia.

Buenos Aires aparece en el expediente
Mercado de Soluciones S.A. tiene información pública que la vincula fuertemente con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su sitio institucional consigna un domicilio en avenida Corrientes y un teléfono con característica porteña. Los estados contables presentados en la licitación fueron legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.

Nada de esto significa que la empresa no pueda participar.

Nada de esto demuestra una irregularidad.

Pero sí abre una pregunta legítima para Tierra del Fuego:

¿qué parte de los $470 millones queda efectivamente en Ushuaia?

Porque el puerto está en Ushuaia.

Los recursos provienen de su actividad.

Y la contratación se paga con fondos vinculados a esa infraestructura.

Entonces importa saber qué impacto económico concreto tendrá la contratación en la ciudad.

Cuánto personal local.

Cuántos proveedores fueguinos.

Qué estructura permanente.

Qué inversiones.

Qué capacidad de respuesta.

Y qué derrame económico queda después de que termina el contrato.

La cláusula que obliga a mirar la letra chica
El pliego estableció que las empresas debían contar con sede central, sucursal o base de operaciones en Ushuaia.

No era un requisito menor.

La propia licitación lo vinculó con las condiciones climáticas y operativas del puerto.

Mercado de Soluciones fue considerada “CUMPLE”.

Por eso sería incorrecto afirmar que la empresa no reúne la condición.

Pero el dictamen analizado deja una zona que merece ser iluminada: no permite conocer con claridad cuál es la estructura concreta mediante la cual la empresa acreditó esa presencia local.

Y cuando hay $470 millones en juego, preguntar no es perseguir.

Es controlar.

¿Dónde está la base?

¿Desde cuándo funciona?

¿Cuántas personas trabajan allí?

¿Qué equipamiento tiene?

¿Qué capacidad operativa real posee?

¿Está preparada para responder inmediatamente ante una contingencia?

La respuesta debería estar disponible para cualquiera que quiera conocer cómo se administran los recursos del puerto.

Tercerizar es una decisión política
La empresa elegida tiene entre sus actividades centrales la tercerización.

Ofrece outsourcing y servicios de recursos humanos.

Su objeto social contempla tareas como limpieza, mantenimiento y logística mediante personal propio y/o subcontratado.

La intervención, por su parte, está eligiendo precisamente un esquema tercerizado para servicios esenciales.

La coincidencia no es un dato menor.

Porque detrás de una contratación hay una definición de modelo de gestión.

¿Queremos un puerto con estructura propia o un puerto cada vez más dependiente de empresas contratistas?

No existe una respuesta automática.

Pero la decisión debería discutirse públicamente.

Sobre todo cuando se trata de una infraestructura estratégica que genera recursos y actividad económica para Tierra del Fuego.

La pregunta incómoda
No hace falta decir que alguien se está quedando indebidamente con dinero público.

El expediente analizado no permite sostener una acusación de ese tipo.

Pero tampoco hace falta esperar a que exista una denuncia penal para hacer preguntas.

El control ciudadano empieza mucho antes.

Empieza preguntando:

¿Por qué $470 millones?

¿Por qué seis meses?

¿Por qué tercerizar?

¿Cuánto costaría hacerlo con recursos propios?

¿Cómo se controlará el servicio?

¿Qué estructura tiene la empresa en Ushuaia?

¿Cuánto dinero quedará en Tierra del Fuego?

¿Y por qué una intervención que termina en enero está tomando ahora decisiones económicas que continuarán después de su salida?

Son preguntas perfectamente legítimas.

Y deberían tener respuestas públicas.

La plata del puerto no tiene dueño político
El Puerto de Ushuaia no es patrimonio de una intervención.

Tampoco de un funcionario.

Ni de un gobierno nacional.

Sus recursos tienen origen en una actividad estratégica para Tierra del Fuego y, por eso, deben administrarse con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.

La preadjudicación de $470.418.960 vuelve a poner esa discusión sobre la mesa.

Porque detrás del número hay una decisión concreta: entregar a un privado la prestación de servicios durante seis meses por una suma millonaria.

Puede ser una buena decisión.

Puede ser una mala decisión.

Puede ser la alternativa más eficiente.

Puede existir otra mejor.

Pero hay una condición que debería ser innegociable:

que los fueguinos puedan saber por qué.

La intervención todavía tiene tiempo para explicar.

Puede mostrar los números.

Puede exhibir la estructura local.

Puede detallar los controles.

Puede demostrar el ahorro.

Puede explicar la conveniencia.

Y debería hacerlo antes de que la discusión quede reducida a un contrato firmado y a cientos de millones de pesos comprometidos.

Porque la pregunta de fondo no es solamente quién gana la licitación.

La pregunta es mucho más importante:

¿Quién está cuidando la plata del Puerto de Ushuaia?
Y mientras la intervención se prepara para irse, esa respuesta no debería quedar guardada en un expediente.