Un nuevo proyecto presentado en la Legislatura de Tierra del Fuego busca establecer un mecanismo de control para evitar que una persona que tiene una inhabilitación judicial vigente pueda ser designada para ejercer una función pública.

La iniciativa fue presentada por el bloque del Partido Justicialista y figura como Asunto N° 508/26. Propone crear el Registro Provincial de Inhabilitados, una base de datos que concentre la información sobre aquellas personas que cuentan con una sentencia judicial firme que las inhabilita para ejercer una función pública.

La propuesta alcanza a los tres poderes del Estado provincial y también a organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas estatales.

El Estado deberá consultar el registro antes de designar

Uno de los puntos centrales del proyecto es que la consulta al registro sea obligatoria antes de realizar una designación.

La medida alcanzaría a funcionarios y cargos políticos, personal de planta permanente y transitoria y trabajadores contratados.

En términos simples: antes de nombrar a una persona para trabajar o ejercer un cargo dentro del Estado, el organismo debería verificar si tiene una inhabilitación judicial vigente que le impida hacerlo.

La iniciativa apunta a evitar que una inhabilitación quede fuera de los controles porque la información se encuentra dispersa entre distintos organismos.

No se trata de cualquier condena

Este punto es clave para entender el alcance del proyecto.

La iniciativa no establece que cualquier persona condenada por un delito quede automáticamente impedida de ocupar un cargo público.

El registro estaría integrado por quienes tengan una sentencia judicial firme de inhabilitación, mientras esa inhabilitación permanezca vigente.

Por eso, el eje de la propuesta no es simplemente tener antecedentes penales, sino tener un impedimento judicial concreto para ejercer una función pública.

El registro no sería público

La información tendría carácter confidencial y debería ser administrada respetando la legislación sobre protección de datos personales.

El proyecto contempla, en cambio, la publicación de estadísticas sobre las inhabilitaciones vigentes, sin exponer la identidad de las personas cuando corresponda.

Además, la permanencia en el registro estaría vinculada al tiempo establecido por la Justicia. Una vez cumplida la inhabilitación y acreditada la rehabilitación, se prevé la baja de oficio.

Un nuevo filtro para los cargos públicos

El proyecto busca incorporar así un nuevo control previo a las designaciones dentro del Estado provincial.

La lógica es sencilla: si la Justicia determinó mediante una sentencia firme que una persona está inhabilitada para ejercer una función pública, esa restricción debería ser detectada antes de que se produzca su nombramiento.

La iniciativa recién ingresó a la Legislatura y deberá atravesar ahora el tratamiento en comisiones y el debate parlamentario antes de determinarse si finalmente se convierte en ley.