La investigación por la instalación del radar de LeoLabs en Tolhuin sumó un nuevo elemento tras la declaración del exministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, ante la Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fueguina.

La testimonial se realizó en la Casa de Tierra del Fuego, en Buenos Aires, y tuvo como eje reconstruir qué organismos nacionales y provinciales intervinieron desde que comenzó el proceso de instalación del equipamiento.

Uno de los datos más llamativos aportados durante la declaración fue cómo tomó conocimiento Defensa de la existencia del radar.

Según explicó la legisladora Natalia Gracianía al dar detalles de la audiencia, Taiana señaló que el Ministerio de Defensa se enteró de la instalación a través de un tuit. A partir de esa publicación comenzaron a generarse alertas dentro de la cartera nacional respecto de las características del equipamiento.

La preocupación estaba vinculada a lo que Defensa consideraba una tecnología de uso dual, es decir, con posibles aplicaciones tanto civiles como militares.

A partir de esas dudas, el Ministerio solicitó informes técnicos a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y a INVAP. Según lo informado por la Legislatura, esos análisis fueron utilizados como fundamento para solicitar la cancelación de la autorización que tenía el radar.

¿Quién debía desmantelar el radar?

Pero el punto que puede tener mayor impacto en la investigación estuvo relacionado con el paso siguiente: quién tenía la facultad legal para ordenar el desmantelamiento.

Taiana sostuvo ante los legisladores que el Ministerio de Defensa no tenía facultades legales para tomar esa decisión por sí mismo. Según su exposición, esa potestad correspondía al Gobierno de Tierra del Fuego.

El exministro también confirmó que existieron comunicaciones entre funcionarios nacionales y autoridades provinciales por la situación. De acuerdo con lo informado por la propia Legislatura, Taiana afirmó que la administración provincial contaba con la posibilidad legal de disponer el desarme de la estructura.

El dato resulta relevante porque coloca en el centro de la investigación qué ocurrió después de que Defensa tomó conocimiento del radar, realizó sus evaluaciones y planteó la cancelación de la autorización.

La Comisión deberá ahora reconstruir qué comunicaciones existieron entre Nación y Provincia, qué decisiones tomó cada organismo y qué autoridad debía avanzar concretamente con el retiro de la estructura.

La investigación todavía no establece responsabilidades definitivas. El objetivo del cuerpo legislativo es reconstruir el proceso y determinar la actuación de los distintos funcionarios y organismos que intervinieron en la instalación y posterior desmantelamiento del radar.

La Comisión continuará con nuevas testimoniales. El próximo funcionario convocado es el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, cuya declaración estaba prevista para el lunes 21 de septiembre.