A pocos días de la quinta marcha federal universitaria, un tribunal federal volvió a intervenir en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace ya 336 días.

El magistrado Martín Cormick, titular del juzgado que lleva adelante la causa, fijó un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a la cautelar dictada en el expediente, que hasta el momento no había sido acatada en su totalidad. De no cumplirse en ese plazo, el juez dejó abierta la posibilidad de aplicar sanciones económicas diarias hasta que la medida se efectivice.

En el texto de la resolución, Cormick sostuvo que, al no verificarse "el cumplimiento total de la cautelar dictada en autos", corresponde intimar al Estado Nacional a que regularice la situación "bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora".

Desde CONADU Histórica remarcaron que, para ajustarse a lo que exige la norma, el incremento salarial debería ubicarse en el 33,4%. El gremio universitario acompañó la noticia con un mensaje directo hacia la Casa Rosada: "Milei no sos rey, cumplí la ley".

Este nuevo fallo se suma a un antecedente reciente: en septiembre, el mismo juzgado —Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11— ya había resuelto a favor de una cautelar presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA), ordenando la ejecución de partidas destinadas a funcionamiento, salarios, becas e investigación.