En apenas cinco días, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego liberó a dos hombres condenados por delitos gravísimos: un homicidio y un abuso sexual con acceso carnal contra una niña. No hubo revisión de pruebas, no se puso en duda su culpabilidad, no aparecieron nuevas evidencias. Simplemente, el reloj judicial corrió más rápido que la Justicia. Y así, quienes fueron encontrados culpables terminaron en la calle, mientras del otro lado quedan las víctimas, sin ninguna condena que se haga efectiva.

Dos condenas que nunca se cumplieron

El primer caso es el de Ramón Ángel Abregú, condenado en el año 2000 a 20 años de prisión por un homicidio ocurrido en Río Grande en enero de ese mismo año, además de aborto preterintencional y tenencia de arma de guerra. La condena fue confirmada por el propio STJ en 2001. Pero Abregú estuvo prófugo más de veinte años, y cuando finalmente la causa pudo retomarse, el tribunal decidió, el 23 de septiembre de 2026, que el tiempo transcurrido había extinguido la acción penal. Sobreseído, y en libertad.

El segundo caso, resuelto pocos días antes, el 18 de septiembre, es el de un hombre condenado a 23 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada, cometidos contra una niña. También en ese caso el STJ había confirmado la condena. Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación le revocó ese fallo y lo obligó a resolver de nuevo. El resultado: el tribunal terminó liberando también a este condenado, invocando la misma razón que en el caso de Abregú.

Una pregunta que no puede evitarse: ¿y las víctimas?

Mientras la Justicia discute plazos, actos interruptivos y precedentes, hay una niña que fue abusada y una familia que perdió a un ser querido en un homicidio. Para ellas, no hubo ningún error de procedimiento, ninguna duda razonable, ningún hecho que las desmienta: hubo un juicio, hubo pruebas, y hubo una condena. Lo único que faltó fue que esa condena se cumpliera.

¿Qué reparación tienen hoy esas víctimas? Ninguna. El agresor de la niña y el autor del homicidio caminan libres, no porque un tribunal haya determinado que son inocentes, sino porque el propio sistema que debía juzgarlos —con sus demoras, sus prófugos nunca encontrados a tiempo, sus expedientes que duermen años en un cajón— dejó que el tiempo jugara a favor de los condenados y en contra de quienes sufrieron el delito.

La víctima, la gran ausente en estos fallos

En el centro de la discusión jurídica sobre prescripción y plazos procesales, la víctima suele quedar relegada a un lugar secundario. Pero es ella —la niña abusada, la familia del hombre asesinado— quien atraviesa, muchas veces durante años, el peso de sostener una denuncia, declarar, esperar un juicio y finalmente obtener una condena, para descubrir después que esa condena no se va a cumplir.

Cuando eso ocurre, la sensación que queda no es la de haber alcanzado justicia, sino la de haber atravesado todo un proceso para nada. Y esa sensación, además de ser profundamente injusta para quienes ya sufrieron el delito, envía un mensaje peligroso hacia el resto de la sociedad: que alcanza con que el sistema se demore lo suficiente para que un delito grave quede, en los hechos, sin castigo.