La presentación judicial, realizada ante la Justicia de Tierra del Fuego, a la qeu tuvo acceso La ContraTAPA,  Rodríguez Ojeda se presenta como denunciante y solicita constituirse como querellante, designando como abogado al Dr. Jorge Daniel Sebastián Hernández.

Según consta en la denuncia, el conflicto se origina en la falta de transferencia de fondos correspondientes al Concejo Deliberante, situación que habría generado deudas con organismos de la seguridad social.

El documento detalla una deuda con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) de $344.896.020,82, correspondiente al período comprendido entre febrero y julio de 2026. A esto se suma, según la presentación, una deuda con la Caja de Previsión Social (CPS) de $770.347.474,08, por el mismo período.

En total, los montos consignados en la denuncia superan los $1.115 millones.

Una intimación de 48 horas

La presentación sostiene que previamente se remitió una carta documento al Municipio, otorgando un plazo de 48 horas para transferir y hacer efectivos los fondos adeudados correspondientes al Presupuesto 2026.

Según el escrito, pese a haber sido notificado, el Ejecutivo municipal no habría regularizado la situación.

El presidente del Concejo sostiene que la conducta denunciada excedería un simple retraso administrativo o contable y plantea que podría configurar delitos penales, entre ellos apropiación indebida de recursos de la seguridad social, retención indebida, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La denuncia también vincula la situación con el artículo 13 de la Ordenanza de Presupuesto N.º 696, que, según el escrito, habría sido incumplido.

Piden investigar la situación

Rodríguez Ojeda solicita que se tenga por presentada la denuncia, se incorpore la documentación acompañada y se notifique al intendente Daniel Harrington sobre sus derechos y garantías.

Entre las pruebas aportadas figuran la carta documento de intimación prejudicial, certificaciones contables de las deudas con OSEF y CPS, la Ordenanza N.º 696 y distintas intimaciones realizadas desde el Concejo Deliberante.

La presentación fue efectivamente confirmada este martes por el propio Rodríguez Ojeda, quien señaló que la denuncia está vinculada con la falta de transferencia de fondos al Concejo Deliberante.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si los hechos denunciados constituyen delito y, eventualmente, establecer las responsabilidades que correspondan.