La intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por el Gobierno nacional, vuelve a quedar bajo cuestionamiento por una contratación millonaria. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) avanzó con una licitación pública para contratar durante doce meses servicios de vigilancia privada, con un presupuesto oficial cercano a los $4.000 millones.

La convocatoria, identificada como licitación pública 15/2026 de la Administración General de Puertos, tiene prevista la apertura de ofertas para el 11 de noviembre. El monto corresponde al presupuesto oficial: todavía no implica que el servicio haya sido adjudicado ni que ese dinero se haya pagado.

El cuestionamiento fue planteado por Valeria Barría, trabajadora de la Dirección Provincial de Puertos, quien comparó el presupuesto nacional con un contrato que el organismo provincial había celebrado con la empresa Bushi-Do en noviembre de 2025, por aproximadamente $40 millones anuales.

La diferencia entre ambos montos encendió las críticas de los trabajadores, que denuncian un posible sobreprecio y cuestionan que se destinen recursos extraordinarios a tareas que, sostienen, ya eran cubiertas mediante un esquema que combinaba vigilancia privada con personal provincial capacitado.

Personal desplazado y nuevos gastos

Barría señaló que los trabajadores de planta realizaban tareas de control, supervisión y seguridad en distintos sectores de la terminal, entre ellos el acceso principal, el área de catamaranes y el centro de monitoreo. Según explicó, los agentes contaban con preparación y certificaciones para cumplir esas funciones.

La trabajadora también cuestionó que la Provincia continúe afrontando los salarios del personal apartado de sus puestos mientras la intervención nacional contrata otros servicios para cubrir tareas similares. Además, afirmó que se incorporaron trabajadores provenientes de otros puertos y de la propia ciudad.

A ese escenario se suma, según Barría, la contratación de servicios adicionales de Prefectura Naval para reforzar los controles en las instalaciones portuarias.

Una intervención bajo cuestionamiento

Los reclamos no se limitan a la contratación de seguridad. Barría también cuestionó los trabajos realizados sobre el muelle y la colocación de defensas que, según afirmó, estaban en desuso y provenían del puerto de Río Grande. Asimismo, denunció impedimentos para el ingreso de inspectores provinciales de Ambiente mientras se desarrollan tareas en el canal Beagle.

La trabajadora indicó que continúan las presentaciones judiciales vinculadas con la intervención y manifestó expectativas por las demandas impulsadas por empleados y por la Provincia para recuperar la administración del puerto.

Por ahora, la contratación de vigilancia permanece en etapa licitatoria. La comparación entre el presupuesto nacional y el contrato provincial anterior constituye el eje de la denuncia de los trabajadores, pero para determinar si existieron sobreprecios será necesario examinar las prestaciones incluidas, las condiciones de ambos contratos y las ofertas que se presenten.