El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó el convenio de compensación de obligaciones financieras con el Estado nacional, que determinó un saldo deudor de $78.527.873.134,50 a cargo de la Provincia. La devolución se realizará durante 2027, mediante ocho cuotas mensuales, con intereses y retenciones directas sobre los fondos de coparticipación federal.

El acuerdo fue firmado el 20 de octubre por el gobernador Gustavo Melella y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). Su ratificación quedó formalizada mediante el decreto 1894/26, firmado el 29 de octubre por la vicegobernadora, en ejercicio del Poder Ejecutivo.

La cifra surge de una compensación entre las obligaciones que ambas jurisdicciones mantenían. Nación reclamó a Tierra del Fuego $84.732 millones, de los cuales $80.000 millones corresponden a un anticipo financiero otorgado mediante el Decreto nacional 219/2026. A ese capital se sumaron otros $4.732 millones en concepto de intereses calculados hasta el 2 de octubre de 2026.

Por su parte, el Estado nacional reconoció deudas con la Provincia por $6.204 millones, correspondientes a distintos conceptos: ajustes del Consenso Fiscal de los ejercicios 2023, 2024, 2025 y los primeros dos trimestres de 2026, además de obligaciones vinculadas con obras públicas de vivienda.

Al descontarse esos créditos provinciales del monto reclamado por Nación, se estableció el saldo definitivo de $78.527 millones que Tierra del Fuego deberá reintegrar.

Ocho cuotas y una tasa del 15%

El convenio establece que el capital será devuelto en ocho cuotas mensuales, iguales y consecutivas. El primer vencimiento operará el último día hábil de mayo de 2027.

Si se toma como referencia el saldo inicial, cada cuota representaría aproximadamente $9.816 millones de capital. Sin embargo, ese importe no contempla los intereses que se incorporarán a la deuda.

El acuerdo fijó una tasa nominal anual del 15%. Los intereses se devengarán mensualmente desde la firma del convenio y serán capitalizados hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir de enero de 2027, continuarán calculándose sobre el capital pendiente, pero deberán abonarse mensualmente. El primer vencimiento de intereses está previsto para el último día hábil de enero.

Por lo tanto, los $78.527 millones constituyen el saldo inicial de la compensación y no el costo financiero final que deberá afrontar la Provincia.

Los pagos se descontarán de la coparticipación

Uno de los puntos centrales del acuerdo establece que tanto el capital como los intereses serán cancelados mediante retenciones sobre los recursos que Tierra del Fuego recibe por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Esto significa que los fondos destinados a cancelar la deuda serán descontados directamente de la coparticipación que le corresponde a la Provincia, reduciendo los recursos que ingresarán a las arcas provinciales durante el período de pago.

El convenio también contempla que Tierra del Fuego renuncie a acciones y derechos vinculados con determinados litigios contra el Estado nacional, entre ellos el expediente relacionado con el reclamo de inconstitucionalidad del Decreto 756/2018. Las partes deberán solicitar la homologación judicial del acuerdo en los procesos alcanzados y desistir de las actuaciones correspondientes.

La Provincia deberá informar su situación financiera

Otro compromiso asumido por el Gobierno fue proporcionar información periódica a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía nacional.

Los reportes incluirán datos presupuestarios, tributarios, salariales, de endeudamiento, gastos en personal, situación del Tesoro, saldos bancarios, garantías otorgadas y financiamiento a los municipios, entre otros indicadores.

La Legislatura provincial ya había aprobado el convenio durante la sesión del 3 de noviembre, con 13 votos afirmativos y dos negativos.

De esta manera, Tierra del Fuego deberá afrontar durante 2027 la devolución de un saldo superior a los $78.500 millones, al que se sumarán los intereses previstos en el acuerdo. El mecanismo de pago tendrá un impacto directo sobre los recursos de coparticipación que recibe la Provincia.