El inspector general Ariel N. Ciares recibió un revés en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. El organismo resolvió rechazar y archivar la denuncia que había presentado contra el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Pablo Martín Bramati, por presuntas irregularidades en su intervención en tres investigaciones penales relacionadas con integrantes y autoridades del Servicio Penitenciario Provincial.

La decisión quedó formalizada mediante la Acordada N.º 699, aprobada durante la sesión del 10 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial. Los consejeros consideraron que la presentación era «infundada» y «jurídicamente improcedente», por lo que descartaron iniciar un procedimiento de enjuiciamiento contra el funcionario judicial.

Ciares había presentado la denuncia el pasado 19 de agosto. En ella cuestionaba que Bramati no se hubiera apartado de tres actuaciones penales pese a mantener una relación convivencial con una funcionaria jerárquica del Servicio Penitenciario.

Según el planteo, la pareja del fiscal había mantenido conflictos administrativos y judiciales con la institución y, en su carácter de director provincial, el propio Bramati habría dispuesto o promovido medidas que la afectaron. Para el denunciante, esas circunstancias podían generar un malestar personal y una posible animadversión hacia integrantes del organismo, comprometiendo la imparcialidad del fiscal.

Sin embargo, el Consejo de la Magistratura entendió que esos argumentos no alcanzaban para justificar un proceso de enjuiciamiento. En su resolución distinguió entre los motivos que pueden habilitar la recusación o inhibición de un funcionario judicial y las conductas de gravedad suficiente para justificar su remoción.

Los consejeros señalaron que la sola existencia de circunstancias que podrían motivar un apartamiento no demuestra una falta grave. También remarcaron que no se habían presentado pruebas concretas de que Bramati hubiera actuado para beneficiar a su pareja o perjudicar a integrantes del Servicio Penitenciario.

La resolución agregó que los conflictos administrativos de la conviviente del fiscal no podían extenderse automáticamente a toda la institución ni a sus integrantes. Tampoco se identificaron amenazas, comunicaciones, expresiones o intervenciones extraprocesales que permitieran acreditar una supuesta animadversión personal.

La propuesta de rechazar la denuncia fue impulsada por la presidenta del Consejo de la Magistratura y acompañada por Virgilio Martínez de Sucre, Horacio Castelli y Jorge Canals. La decisión se adoptó por unanimidad. El consejero Alejandro Pagano Zavalía no firmó la acordada debido a que había sido designado fiscal acusador en el expediente.

De esta manera, la presentación impulsada por Ciares quedó archivada y Bramati no será sometido a un procedimiento de enjuiciamiento por estos hechos. La decisión no supone un pronunciamiento general sobre todas las actuaciones del fiscal, sino que determina que no se acreditaron elementos suficientes para avanzar con su remoción.