viernes 20 de noviembre de 2026 - Edición Nº3893
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Las prepagas ya no podrán aumentar las cuotas sin control del Gobierno

La Corte Suprema anuló los artículos del DNU que habían liberado los aumentos. Ahora, las empresas deberán justificar las subas y la Superintendencia de Salud volverá a supervisarlas.


La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían liberado los aumentos de las empresas de medicina prepaga y eliminado los controles estatales sobre sus cuotas.

 

Con este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias de los planes médicos. Las empresas deberán justificar los incrementos en función de sus estructuras de costos y de cálculos razonables de los riesgos cubiertos.

 

La decisión se originó en una demanda presentada por una afiliada cuya cuota aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según el expediente, si se hubiera aplicado la regulación anterior, el incremento previsto para enero de ese año habría sido del 6,26%.

 

El pronunciamiento fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y constituye la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre disposiciones del DNU 70/2023.

 

El fallo no establece que los aumentos deban quedar limitados a la inflación, sino que restablece la intervención del organismo estatal para evaluar si las subas están justificadas y cumplen con los criterios establecidos por la normativa.

 

Impacto en otros reclamos

 

La resolución también podría tener consecuencias sobre cientos de causas judiciales vinculadas con los aumentos de las prepagas que todavía esperan una definición en distintos tribunales del país.

 

Además, podría servir como antecedente para afiliados que iniciaron reclamos por incrementos considerados excesivos y para quienes ya pagaron esas cuotas y buscan recuperar parte de lo abonado.

 

En sus fundamentos, la Corte sostuvo que el Poder Ejecutivo no acreditó circunstancias excepcionales que justificaran eliminar mediante un decreto los controles estatales sobre las tarifas de la medicina prepaga.

 

Los jueces consideraron que la invocación de una crisis del sistema de salud y de la necesidad de promover la competencia no resultaba suficiente para demostrar la urgencia requerida por la Constitución para dictar un DNU.

 

De esta manera, las empresas de medicina prepaga ya no podrán modificar libremente sus cuotas sin la supervisión de la autoridad de aplicación, que deberá volver a ejercer las facultades de control previstas en la legislación.

 

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